Por: Andrés Huayta
Arequipa, abril de 2025. En las calles de Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero, el sonido de una motocicleta al detenerse frente a una vivienda ya no es solo un ruido cotidiano; para muchos, es el preludio de una amenaza. La extorsión, especialmente bajo la modalidad del «gota a gota», ha dejado de ser una historia lejana para convertirse en una realidad palpable en la Ciudad Blanca.
En lo que va del año, la Policía Nacional ha registrado 114 denuncias por extorsión en Arequipa. Muchas de estas están vinculadas a préstamos ilegales conocidos como «gota a gota», una práctica que, aunque disfrazada de ayuda financiera, esconde redes criminales que operan con violencia y amenazas. El coronel PNP Giulianno Mitchel Arguedas Pérez informó que se han capturado a 38 personas, entre peruanos y extranjeros, relacionadas con estos delitos.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió en enero, cuando un ciudadano colombiano fue detenido en el Cercado de Arequipa por extorsionar a una mujer desde noviembre del año anterior. El sujeto exigía 1,800 soles a cambio de no atentar contra su familia. La intervención policial se realizó tras un seguimiento que incluyó vigilancia y análisis de comunicaciones.
En abril, la situación escaló cuando tres extranjeros fueron capturados en operativos simultáneos en Socabaya y José Luis Bustamante y Rivero. Los detenidos portaban una granada de guerra, armas de fuego, municiones y cartas de extorsión dirigidas a dueños de bares y discotecas. Las autoridades sospechan que estos individuos están vinculados a organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos y podrían estar relacionados con ataques armados y sicariato.
La presencia de bandas como «Los Orientales» y «Los Gallegos», que libran una disputa por el control de actividades ilícitas en la región, ha exacerbado la situación. Estas organizaciones, integradas tanto por locales como por extranjeros, se dedican a la prostitución, microcomercialización de drogas y préstamos «gota a gota». La falta de coordinación entre los sistemas de videovigilancia distritales permite a los delincuentes evadir la persecución al cambiar de jurisdicción.
La ciudadanía vive con temor. Los comerciantes, especialmente aquellos que operan en sectores como el maderero, restaurantes y pequeñas empresas, son los más afectados. La extorsión no solo amenaza su estabilidad económica, sino también su integridad física y la de sus familias.
Las autoridades han intensificado los operativos y estrategias de inteligencia para desarticular estas redes criminales. Sin embargo, la sensación de inseguridad persiste. La comunidad exige acciones más contundentes y una respuesta efectiva que devuelva la tranquilidad a las calles de Arequipa.
