Por: Andrés Huayta
La inseguridad en Arequipa sigue siendo un tema urgente, pero las acciones del gobierno regional parecen más un intento de evadir responsabilidades que una verdadera solución. Recientemente, el Consejo Regional rechazó varias propuestas que intentaban trasladar funciones que no le corresponden, como la implementación de biometría para extranjeros y la geolocalización de la Policía Nacional, funciones que deben ser gestionadas por otras entidades del Estado.
Además, la propuesta de declarar un estado de emergencia fue descalificada, ya que solo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) tiene esa autoridad. El rechazo a esta medida, que podría ser un acto de «desesperación», deja claro que no es competencia del Consejo Regional tomar decisiones de esta magnitud.
A pesar de contar con recursos, como un presupuesto de 900 millones de dólares no ejecutados el año pasado, el gobierno regional ha optado por soluciones populistas, como la propuesta de un nuevo penal en Cayoma, en lugar de invertir en medidas concretas. Propuestas como la implementación de drones para monitorear la ciudad podrían ser una alternativa más efectiva y de bajo costo.
La falta de acción efectiva y el desconocimiento de las competencias refleja la falta de visión del gobierno regional, lo que agrava la crisis de seguridad en Arequipa. Es urgente un enfoque coordinado y responsable para abordar el problema de la inseguridad.
