Por: Andrés Huayta
El congresista por Arequipa, Jaime Quito, exigió la liberación de ocho ciudadanos detenidos durante las recientes protestas registradas en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, además de una investigación transparente sobre la muerte de Alexander Checa Montalvo, ocurrida en el mismo contexto. Según indicó, se trata de siete varones y una mujer que fueron intervenidos durante las movilizaciones del viernes anterior, en medio de un operativo policial que, según sus declaraciones, implicó el uso desproporcionado de la fuerza.
Durante una conferencia de prensa, el parlamentario criticó que se haya dictado una detención preliminar de siete días para los implicados sin que, hasta el momento, se presenten pruebas concretas en su contra.
Agregó que los detenidos no fueron capturados en flagrancia y que, de acuerdo con familiares, todos cuentan con arraigo laboral, domiciliario y familiar. Asimismo, se denunció que algunos de los videos utilizados como prueba estarían editados o no demostrarían claramente la participación de los detenidos en actos delictivos.
En paralelo, pidió que se garantice el respeto a los derechos humanos durante el proceso y que las investigaciones sobre el fallecimiento de Checa Montalvo —a causa de un impacto de bala— se realicen con imparcialidad, especialmente para determinar si los agentes de la Policía Nacional respetaron los protocolos establecidos para el uso de la fuerza letal.
Quito sostuvo que los manifestantes se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta y que la zona no estaba bajo estado de emergencia o restricción de derechos. En ese sentido, insistió en que las investigaciones pueden continuar sin necesidad de mantenerlos privados de su libertad. También alertó sobre las condiciones de detención en la comisaría de Santa Marta y pidió atención urgente a la situación de los familiares de los arrestados, quienes se han trasladado desde Chala hasta Arequipa sin contar con recursos para su estadía.
Los detenidos fueron identificados como José Edilberto Sánchez Quispe, José Luis Nuncante Cacire, Isau Olarte Guisalinas, Vicente Ferrer Evangelista Caja, Gustavo Mamani Ayamamani, Juan Walter Machaca Zapana, Cristian Piero Torres Guamaní y Mercedes Quispe Chochoca. Según información compartida, se trata de personas dedicadas a actividades comerciales, servicios y oficios locales.
El congresista advirtió que la criminalización de la protesta social contraviene pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional y demandó una actuación más garantista por parte del Ministerio Público.
