Por: Maria T.
La corrupción en el Perú ya no siempre provoca sorpresa ni escándalo. En muchos casos, apenas genera un breve comentario, un gesto de resignación o una frase repetida: “siempre ha sido así”. Ese cambio en la reacción ciudadana es quizá una de las señales más preocupantes del problema. Cuando la corrupción deja de indignar, comienza a normalizarse.
Arequipa no es ajena a esta realidad. Las denuncias por presuntas irregularidades en gobiernos locales, obras paralizadas, servicios públicos deficientes y procesos administrativos cuestionados se han vuelto parte del paisaje informativo. La frecuencia con la que estos hechos se repiten ha generado un desgaste en la percepción ciudadana. Lo que antes motivaba protestas o reclamos hoy, muchas veces, se recibe con silencio.
Esta aparente tolerancia no necesariamente implica aprobación. Más bien, responde al cansancio acumulado frente a promesas incumplidas, investigaciones que no avanzan y sanciones que nunca llegan. La población observa cómo los casos se anuncian con fuerza, pero se diluyen con el tiempo, reforzando la idea de que denunciar no cambia nada. Así, la corrupción se convierte en una constante y no en una excepción.
En sectores sensibles como la salud, la educación o la seguridad ciudadana, esta normalización resulta especialmente peligrosa. La precariedad de hospitales, la falta de equipamiento o la ineficiencia de los servicios públicos ya no sorprenden, pese a que detrás de esas deficiencias suele haber decisiones administrativas cuestionables o una mala gestión de los recursos. El impacto humano queda relegado frente a la rutina del problema.
El riesgo de acostumbrarse a la corrupción es profundo: debilita la democracia. Cuando la ciudadanía deja de exigir rendición de cuentas, el espacio para los abusos se amplía. La indiferencia se convierte en aliada del mal uso del poder. No se trata solo de autoridades que fallan, sino de una sociedad que, poco a poco, deja de fiscalizar.
Desde el periodismo, este escenario plantea un reto mayor. Informar ya no basta; es necesario contextualizar, explicar y recordar por qué estos hechos no deben ser normales. Para quienes se forman en esta profesión, la tarea es evitar que la corrupción se diluya en la costumbre y devolverle su verdadera dimensión: la de un problema que afecta directamente la vida cotidiana de las personas.
Acostumbrarse a la corrupción no significa aceptarla conscientemente, pero sí convivir con ella sin cuestionarla. Y en ese silencio, la corrupción encuentra terreno fértil para mantenerse. Recuperar la capacidad de indignación no es solo un acto moral, sino un paso necesario para exigir un país y una región donde la corrupción deje de ser parte de lo cotidiano.
