Por: Maria T.
Walter Martínez, ministro de Justicia, anunció que los internos de las cárceles del país deberán raparse y usar uniforme obligatorio, como parte del nuevo régimen penitenciario que se implementará con la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que reemplazará al INPE.
Según explicó el titular del sector, estas medidas buscan recuperar el principio de autoridad en los penales, mejorar la salubridad y reforzar la seguridad, evitando que los internos oculten armas u objetos prohibidos.
El nuevo régimen será el más severo del sistema penitenciario y se aplicará de manera progresiva en las 69 cárceles del país.
El anuncio ha generado críticas de especialistas, quienes consideran que se trata de acciones simbólicas que no inciden en la reducción de la criminalidad. Advierten que el enfoque recuerda al modelo de El Salvador, pero sin atacar problemas estructurales como el hacinamiento, la corrupción y el control del delito desde las prisiones.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza calificó la medida de populista e ineficaz, señalando que rapar presos o uniformarlos no frena extorsiones ni crimen organizado. Además, cuestionó los costos y la sostenibilidad del uso obligatorio de uniformes en el sistema penitenciario.
Por otro lado, el Ejecutivo defiende la creación de la Sunir como una reforma estructural para combatir la corrupción y reorganizar los penales.
