Por: Maria T.
Dina Boluarte enfrenta un escenario judicial. La legislación peruana establece que cualquier funcionario o exfuncionario que reciba defensa legal financiada por el Estado deberá reembolsar los gastos si se confirma su responsabilidad al cierre del proceso.
A partir del 17 de febrero de 2026, el Despacho Presidencial resolvió las solicitudes de defensa legal de Boluarte, aprobando cuatro y declarando improcedente una quinta. Entre los casos con defensa estatal aprobada se encuentran investigaciones por presuntas lesiones leves y graves durante las protestas sociales de 2022-2023, cohecho pasivo propio relacionado con la recepción de relojes y joyas de alto valor, y falsedad genérica en documentos oficiales durante su convalecencia tras una cirugía.
El único caso rechazado fue el de presunto enriquecimiento ilícito agravado, por un aumento patrimonial presuntamente injustificado de más de medio millón de soles. La negativa se fundamenta en que el delito no estaría vinculado al ejercicio de sus funciones presidenciales y, por lo tanto, no corresponde que el Estado financie su defensa.
Si una sentencia firme determina culpabilidad en cualquiera de los procesos financiados por el Estado, Boluarte deberá devolver todos los montos pagados por su representación legal.
