Por: Maria T.
La empresa Servicios Generales Galaga, señalada por la ONPE como responsable de retrasos en la entrega de material electoral, vuelve al centro del debate tras revelarse sus vínculos previos con el Estado. Un informe periodístico expuso que la compañía acumuló contratos por más de S/5 millones con el organismo electoral entre 2020 y 2023.
Además, la firma también mantuvo acuerdos con la Municipalidad Metropolitana de Lima para servicios logísticos, lo que evidencia su presencia constante en contrataciones públicas. Sin embargo, su reciente desempeño durante las Elecciones Generales 2026 ha generado cuestionamientos, especialmente por fallas en la distribución en Lima y Callao.
El caso ha escalado al ámbito político. Diversos candidatos han solicitado investigaciones, mientras que figuras públicas han lanzado आरोपaciones sin pruebas sobre un posible fraude electoral. En paralelo, se cuestiona cómo la empresa obtuvo el contrato actual, considerando que habría solicitado camiones días después de adjudicado el servicio.
A esto se suman antecedentes administrativos. La empresa enfrentó un proceso ante el Tribunal de Contrataciones del Estado por presunta documentación falsa, aunque el caso prescribió. También se conoció que contaba con un número reducido de trabajadores en planilla, lo que ha generado más dudas sobre su capacidad operativa.
Frente a las críticas, el gerente de la empresa, Juan Alvarado, optó por no asumir responsabilidades inmediatas. Señaló que esperará los pronunciamientos oficiales antes de emitir una respuesta clara. Mientras tanto, el caso continúa generando debate público y pone bajo la lupa los procesos de contratación en un contexto clave para la democracia.
