Ronald Angulo, procurador del JNE, dio a conocer que Piero Corvetto y cuatro funcionarios de la ONPE serían sancionados con penas de hasta ocho años de cárcel por delitos electorales, afrontando cargos de afectación al derecho de sufragio y omisión de deberes.
De acuerdo a la denuncia no se superviso correctamente a la empresa encargada de distribuir el material electoral, afectando a 13 locales de votación y perjudicando a más de 55,000 que no pudieron sufragar con normalidad.
Por su parte la empresa Galaga, encargada del traslado, señaló que cumplió el contrato y que las demoras no fueron su responsabilidad.
