El presidente Nayib Bukele promulgó una reforma constitucional que habilita la imposición de cadena perpetua para menores en El Salvador que aplica desde los 12 años, en casos de delitos graves como homicidio, feminicidio y violación. La medida marca un cambio significativo en el tratamiento penal de adolescentes y refuerza la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
La reforma, que entrará en vigor el próximo 26 de abril, forma parte de un paquete de cambios legales orientados a endurecer el sistema penal en El Salvador. Según las autoridades, el objetivo es combatir con mayor firmeza la criminalidad y enviar un mensaje disuasivo frente a delitos de alta gravedad. En ese contexto, la cadena perpetua para menores en El Salvador se plantea como una herramienta excepcional dentro de la estrategia de seguridad nacional.
Sin embargo, la decisión ha generado cuestionamientos a nivel internacional. Organismos como UNICEF y la ONU expresaron su preocupación, señalando que la norma contraviene estándares internacionales que priorizan la rehabilitación y reintegración de los menores en conflicto con la ley. Estas instituciones advierten que medidas de este tipo podrían afectar derechos fundamentales y limitar oportunidades de reinserción social.
Especialistas en derecho penal y derechos humanos también han abierto el debate sobre los alcances de la cadena perpetua que promulgó Nayib Bukele, cuestionando si el endurecimiento de las penas es una solución efectiva a largo plazo. La reforma abre así una discusión más amplia sobre los límites del sistema de justicia, el enfoque punitivo frente a la delincuencia juvenil y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
