Según un informe de la Contraloría, se descubrió que el año pasado, la gestión del alcalde de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, durante el primer semestre del año, contrató una empresa para la adquisición de útiles de escritorio. Sin embargo, esta contratación fue realizada con una entidad que está impedida de hacer negocios con la municipalidad debido a su relación con el regidor provincial actual, Michael Emiliano Arce.
Asimismo, no se realizó la verificación necesaria para asegurar que no hubiera conflictos de interés, lo cual resultó en un perjuicio económico de 26,242 soles SEGMIL SAC, fue empresa que obtuvo diez contratos para la adquisición de papel bond.
Lo que hace este caso particularmente delicado es que dos de sus accionistas, Luisa Leonor Ale Arratea y Gerson Serafin Arce Ale, tienen lazos familiares directos con Michael Emiliano Arce Ale, regidor provincial de Arequipa desde 2023.
Los accionistas son madre y hermano del concejal, de acuerdo con su partida registral obtenida de SUNARP.
Según el artículo 11° del TUO (Texto Único Ordenado) de la Ley N° 30225, estos vínculos deberían haber impedido a SEGMIL SAC participar en las contrataciones públicas dentro del ámbito de competencia territorial del regidor.
“No pueden ser participantes, postores, contratistas ni subcontratistas en las contrataciones: los cónyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los funcionarios y servidores de la Entidad que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de contratación, así como los socios de las personas jurídicas señaladas”, se lee en la ley.
Igualmente, Luis Alfredo Delgado Flores, subgerente de Logística y Abastecimientos del municipio distrital de Cerro Colorado, y el especialista en adquisiciones de Perú Compras, quien tenía la responsabilidad de verificar estos impedimentos legales, no realizó las diligencias correspondientes antes de proceder con las contrataciones.
El proveedor envió los bienes comprados con guías de remisión según las condiciones acordadas, lo que llevó a que las áreas usuarias confirmaran la recepción satisfactoria de los bienes.
Después de esto, la Subgerencia de Tesorería pagó un total de S/26,242 a SEGMIL SAC. Sin embargo, al revisar los documentos, se descubrió que el proveedor no había presentado una declaración jurada que confirmara que no tenía impedimentos legales para contratar con el Estado.
Esta omisión no solo contraviene las normas establecidas en las “Reglas Estándar del Método Especial de Contratación a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” sino que también podría generar consecuencias legales severas.
Según el artículo 44° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, los contratos celebrados en transgresión de la ley pueden ser declarados nulos.
Esto significa que SEGMIL SAC podría perder el derecho a cualquier retribución por los servicios prestados, dejando un potencial perjuicio económico al Estado. Este caso pone en entredicho la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación en la municipalidad de Cerro Colorado.
Fuente: Diario Los Andes
Subido por: Miluz Tito
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