Por: Maria T.
El reciente informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abre un debate sobre la capacidad del Estado para atender los pedidos de la negociación colectiva en el sector público. El documento fija un espacio fiscal de S/300 millones para financiar posibles aumentos, bonos y mejoras laborales, en un contexto donde las cifras entre lo que pide el Estado y lo que reclaman los sindicatos muestran una gran distancia.
Según el MEF, el espacio fiscal se distribuye en distintos niveles: S/176 millones para el nivel centralizado, S/123.8 millones para el descentralizado, además de asignaciones para educación y salud. En total, el estudio detalla cómo se repartirían los recursos entre más de un millón de trabajadores del sector público en caso de aprobarse los convenios colectivos con impacto económico. El informe también precisa la asignación específica para educación y salud dentro del total del presupuesto previsto.
Aunque el MEF estima que los pedidos sindicales superan los S/327 mil millones, los gremios sostienen que sus requerimientos reales serían mucho menores, alrededor de S/1.500 millones. Esta enorme brecha ha generado cuestionamientos sobre la metodología del cálculo oficial y sobre la verdadera capacidad fiscal del Estado para cumplir con la negociación colectiva.
El informe del MEF se convierte así en un punto clave del debate público, mientras el país espera definiciones sobre los aumentos y beneficios laborales en el sector estatal.
