Por: Alexander Torres | Actualizado hoy jueves 20 de agosto del 2026
Luis Galarreta afirmó ante la Cámara de Diputados que el Gobierno recibió un Estado «desordenado y desbordado» y atribuyo los problemas del país a la burocracia, la falta de gestión, la inacción y la corrupción.
El diagnosticó generó controversia, porque el Fuerza Popular, partido que el propio Galarreta dirige como secretario general, tuvo una participación activa en el Congreso anterior y respaldó varias norma que hoy son cuestionadas por especialistas y organismo públicos.
Entre ellas figura la ley 32108, que modificó la definición de organización criminal y elevó los requisitos para acreditarla. Fuerza Popular integró el bloque de bancadas que aprobó la norma en primera votación, junto a Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, y Podemos Perú.
La junta de Fiscales Supremos y el Colegio de Abogados de Lima advirtieron entonces que la ley contradice la Convención de Palermo y debilita la persecución de redes de corrupción, minería ilegal y narcotráfico.
Fuerza Popular también respaldó, con 21 votos la ley 32054, que excluyó a los partidos políticos del régimen de responsabilidad penal aplicable a otras personar jurídicas. La bancada apoyó además la reforma que redujo los plazos de colaboración eficaz, una herramienta clave para investigar organizaciones criminales complejas.
A esa lista se suma la Ley 32036, conocida como sus críticos como la «Ley del Gatillo Fácil». La propuesta presentada por Fernando Rospigliosi y otros congresistas de Fuerza Popular, amplió las facultades de la PNP para emplear armas de fuego en el ejercicio de sus funciones.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Calificó la iniciativa como un retroceso que puede favorecer la impunidad en caso de uso excesivo de la fuerza.
