Por: Sharon Fernandez | Actualizado hoy lunes 24 de agosto del 2026
Inspectoría Regional de Arequipa abrió un proceso administrativo disciplinario contra tres policías de la comisaría de El Pedregal por presuntos vínculos con tráfico de terrenos, cobro de cupos y abuso de autoridad. Los investigados son el mayor PNP Héctor Montenegro, jefe de la dependencia policial; el suboficial superior PNP Alex Zegarra y la suboficial de primera PNP Katherine Valdivia, ambos vinculados a la Oficina de Participación Ciudadana (OPC).
Según la resolución, entre los hechos que serán materia de investigación figura la relación de los policías con una exdirigente de una junta vecinal de la zona, quien fue asesinada a balazos el pasado 19 de mayo. Tras el ataque, la mujer fue trasladada al Hospital de Majes en una camioneta de placa V7A-756, vehículo que, de acuerdo con el documento, figuraba a nombre del suboficial Zegarra. La resolución también recoge la versión de que la exdirigente habría brindado apoyo económico a los tres policías. Estos hechos deberán ser esclarecidos durante el procedimiento disciplinario.
Presuntos cobros de cupos y cambios de efectivos
La denuncia también señala un presunto cobro de cupos a establecimientos dedicados a la prostitución. Asimismo, se cuestionan supuestos cambios arbitrarios de efectivos que cumplían sus funciones de manera regular, hechos que forman parte de las acusaciones que Inspectoría deberá verificar.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la suboficial Katherine Valdivia, a quien se atribuyen presuntos permisos reiterados y un supuesto respaldo dentro de la dependencia policial. La investigación deberá establecer si estas situaciones constituyeron faltas disciplinarias.
Investigan supuesto abuso de autoridad
El proceso también comprende un presunto caso de abuso de autoridad relacionado con un efectivo policial que habría solicitado un permiso de carácter urgente debido a que su hija de tres años debía ser sometida a una operación por una hernia. Según la denuncia, el pedido habría sido rechazado por el mayor Montenegro y posteriormente derivado a asesoría jurídica.
La situación de cuatro policías asignados a la Oficina de Participación Ciudadana también fue cuestionada debido al presunto uso frecuente de permisos. Inspectoría deberá revisar estos hechos y determinar si existieron irregularidades en el cumplimiento de sus funciones.
El procedimiento administrativo continuará con las diligencias correspondientes para determinar si los hechos denunciados constituyen infracciones disciplinarias y, de ser el caso, establecer las responsabilidades de los agentes involucrados. La investigación no determina responsabilidad hasta que culminen las actuaciones y se emita la decisión correspondiente.
