En Yarabamba, las cifras de inversión avanzan a un ritmo distinto al de las obras. Tres proyectos acumulan observaciones por sobrecostos, deficiencias constructivas y problemas contractuales. Bajo la gestión del alcalde José Luna Zapana, la Contraloría advirtió inconsistencias en los expedientes y la ejecución, mientras que la Autoridad Nacional del Agua inició un procedimiento sancionador por intervenciones no autorizadas en el cauce de Las Zorras. Los documentos oficiales dejan una pregunta pendiente: ¿qué recibió finalmente la población a cambio de los millones comprometidos?
Quichinihuaya: S/ 11 millones por encima del límite calculado
El 1 de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Yarabamba realizó la inauguración del vaso regulador de Quichinihuaya. La infraestructura tiene una capacidad superior a los 263 mil metros cúbicos y proyecta beneficiar a más de 1.600 personas. La ceremonia marcó un momento importante para el proyecto, aunque su historial presupuestal y administrativo ya estaba bajo observación.
El principal cuestionamiento está en los recursos aprobados para ejecutar el saldo de obra. La municipalidad autorizó un presupuesto de S/ 37.6 millones, monto que superaba en S/ 11 millones el límite calculado por la Contraloría General de la República. Finalmente, el costo de la intervención alcanzó los S/ 40.4 millones.
La diferencia no fue la única observación. Los auditores también identificaron que no se había contratado la supervisión del diseño y que no se cumplía con el registro del cuaderno digital de incidencias. Estas deficiencias administrativas y de control llevaron a advertir que la aprobación presupuestal podía quedar expuesta a una eventual nulidad.
La inauguración no cierra esas interrogantes. La puesta en servicio de la infraestructura constituye un hecho distinto de la regularidad del procedimiento que permitió financiarla y ejecutarla. Queda por conocer qué acciones adoptó la municipalidad para levantar las observaciones y qué documentación acredita que las deficiencias señaladas fueron atendidas.
San Antonio: acero corroído y un proyecto sin condiciones completas
A varios kilómetros del caso anterior, el proyecto de San Antonio presenta otro conjunto de dificultades. Durante una inspección realizada en febrero de 2026, se identificó corrosión superficial en las varillas de acero del reservorio de 250 metros cúbicos. La revisión también encontró que el terreno donde se ejecutaba la infraestructura carecía de saneamiento físico-legal.
A estos problemas se añadió una omisión en el diseño: no se había considerado el conducto necesario para conectar el sistema con la planta de tratamiento. No se trata de un componente accesorio. Su ausencia compromete la conexión de la infraestructura con el sistema de tratamiento de aguas residuales y obliga a revisar la viabilidad técnica del proyecto tal como fue concebido.
El historial contractual tampoco ha sido sencillo. En noviembre de 2025 se declaró la nulidad del contrato suscrito con el Consorcio DyK, situación que dejó paralizados los trabajos.
La municipalidad posteriormente inició otro proceso para continuar con las partidas pendientes. El 8 de septiembre de 2026, el sistema de contrataciones del Estado registró la adjudicación a Cosmos Constructores y Servicios SRL por un monto cercano a S/ 19 millones.
La nueva contratación abre la posibilidad de retomar la obra, pero no constituye evidencia de que los problemas técnicos anteriores hayan sido corregidos. La pregunta es qué modificaciones se incorporaron al proyecto y qué garantías existen para que la infraestructura pueda funcionar de acuerdo con las condiciones previstas.
Las Zorras: 98.8 % del presupuesto devengado y una obra bajo intervención de la ANA
En Las Zorras, las observaciones no se limitaron a la ejecución presupuestal. La intervención alcanzó también el ámbito de la autorización para realizar trabajos en un cauce, una situación que motivó la actuación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
El 10 de julio de 2026, la entidad notificó el inicio de un procedimiento administrativo sancionador luego de identificar trabajos ejecutados por el Consorcio Kaizen sin la autorización correspondiente. Durante la inspección se constató la construcción de una presa, la conformación de un dique de tierra y la colocación de roca en el sector intervenido.
Veinte días después, el 30 de julio, un informe de la municipalidad recomendó suspender las labores en el área observada hasta obtener el permiso respectivo. La medida evidenció que los trabajos debían adecuarse a las exigencias de la autoridad competente. El procedimiento administrativo deberá establecer las responsabilidades que correspondan; por tanto, su inicio no equivale a una sanción definitiva.
Sin embargo, hay otro dato que merece atención: el nivel de ejecución financiera registrado para esta intervención.
Al 12 de agosto de 2026, Las Zorras acumulaba S/ 27.8 millones devengados, equivalentes al 98.8 % de su presupuesto anual. La cifra refleja que prácticamente la totalidad de los recursos programados ya había pasado a la etapa de devengado. No obstante, ese porcentaje no representa necesariamente el avance físico de la infraestructura.
La diferencia entre ambos indicadores es relevante. Mientras el gasto registrado se acercaba al 100 %, el avance material de la obra era considerablemente menor al esperado. Se trata de una brecha que exige explicaciones sobre la correspondencia entre los pagos, los trabajos efectivamente realizados y las condiciones en las que se ejecutó el proyecto.
La intervención de la ANA añade una dimensión administrativa al caso: no solo corresponde conocer cuánto dinero se comprometió y qué infraestructura se construyó, sino también si las actividades se realizaron con las autorizaciones exigidas para intervenir el cauce.
San Antonio–Qahuin: certificados observados y concreto preparado en obra
En la carretera San Antonio–Qahuin Alto Sogay, las observaciones alcanzaron al personal responsable de la ejecución, los procedimientos constructivos y la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones contractuales.
Uno de los hallazgos señalados por la Contraloría está relacionado con el certificado de habilidad del ingeniero residente. Tras realizar una consulta al Colegio de Ingenieros de Tacna, se detectó que la información consignada en dicho documento había sido adulterada. La observación compromete la confiabilidad de la documentación presentada para acreditar la participación del profesional responsable de la obra.
Los cuestionamientos continuaron durante las visitas de control. En otra inspección se advirtió la ausencia del inspector, parte de su equipo y del arqueólogo encargado del monitoreo. La falta de estos profesionales en las actividades de campo plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las responsabilidades de supervisión y control técnico.
A ello se sumó una observación relacionada con la preparación del concreto. Según la información de Contraloría, el Consorcio El Gladiador elaboró concreto directamente en la obra para partidas que exigían el empleo de concreto premezclado de planta.
La diferencia no es menor: las especificaciones técnicas establecen condiciones que deben respetarse durante la ejecución, y cualquier modificación en los procedimientos requiere sustento y autorización cuando corresponda. La preparación artesanal identificada por los auditores pone bajo revisión el cumplimiento de esas exigencias.
S/ 5 millones adicionales y una recepción todavía pendiente
El aspecto económico también forma parte de las observaciones. La inversión de la carretera pasó de S/ 31.4 millones en 2024 a S/ 36.4 millones en mayo de 2026. Esto representa un incremento de S/ 5 millones.
La variación presupuestal, por sí sola, no demuestra la existencia de un perjuicio económico ni constituye prueba de sobrevaloración. Sin embargo, frente a las observaciones sobre documentación, personal técnico y procedimientos constructivos, corresponde conocer qué modificaciones justificaron el aumento y cuáles fueron los trabajos adicionales incorporados.
La situación de la entrega tampoco estaba resuelta en el último registro citado. El 24 de julio de 2026, la carretera figuraba como finalizada, pero pendiente de recepción o conformidad técnica. Su avance físico acumulado era de 94.97 %, debido a que algunas cantidades ejecutadas resultaron menores que las previstas en el expediente.
Aunque se programó una visita para el 14 de agosto, la información disponible no acredita que se haya concretado la recepción definitiva.
Así, una carretera registrada como finalizada todavía debía superar el procedimiento que permite verificar formalmente si los trabajos cumplen con las condiciones contractuales. Entre el avance reportado y la conformidad técnica existe una diferencia administrativa que no puede darse por resuelta únicamente con la inscripción de la obra como terminada.
La brecha entre el gasto público y las obras que recibe Yarabamba
Los cuatro frentes descritos presentan situaciones distintas, pero coinciden en un aspecto: las cifras financieras y los anuncios de culminación no bastan para acreditar que una inversión pública haya cumplido su finalidad.
En Quichinihuaya, la diferencia de S/ 11 millones respecto del límite calculado por la Contraloría y las observaciones al control del diseño obligan a revisar la aprobación presupuestal. En San Antonio, la corrosión superficial del acero, la falta de saneamiento físico-legal y la omisión de un componente del sistema evidencian problemas que deben resolverse antes de garantizar su funcionamiento.
Las Zorras muestra otra contradicción: un devengado de S/ 27.8 millones, equivalente al 98.8 % del presupuesto anual, frente a un avance físico menor al esperado y un procedimiento sancionador iniciado por la ANA. En la carretera San Antonio–Qahuin, finalmente, las observaciones técnicas y documentarias conviven con un incremento de S/ 5 millones y una recepción que todavía no estaba acreditada.
Bajo la gestión del alcalde José Luna Zapana, estos casos colocan a la Municipalidad Distrital de Yarabamba ante la necesidad de explicar cómo se administraron los recursos, qué medidas correctivas se adoptaron y cuál es el estado real de cada intervención.
La ejecución presupuestal es un indicador de la gestión financiera, pero no reemplaza la verificación física ni la conformidad técnica. Que un proyecto registre un elevado porcentaje de gasto no significa necesariamente que la población ya cuente con una infraestructura terminada, operativa y en condiciones adecuadas.
En Yarabamba, los montos están registrados en los sistemas administrativos. Las observaciones también constan en los documentos de control. Lo que todavía requiere respuestas es la correspondencia entre ambos registros y las obras que finalmente reciben los vecinos.
Porque una inversión pública no se mide únicamente por cuánto dinero se devengó, sino por la calidad, utilidad y funcionamiento de aquello que se construyó con los recursos de todos.
