Por 24 meses, el Gobierno declaró en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por razones de déficit de capacidad de albergue y para optimizar la prestación de servicios de resocialización de las personas privadas de libertad.
De acuerdo a la norma, se dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabore la Estrategia Sectorial de Emergencia Penitenciaria en 45 días, a fin de garantizar la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
En el documento se lee: «El Sistema Nacional Penitenciario viene atravesando una aguda crisis, en las últimas décadas, debido principalmente a la sobrepoblación de internos (…), los mismos que han sido rebasados en su capacidad de albergue, así como por la falta de los medios necesarios».
Por: Patricia Cari
