Radio Victoria

DELITOS ELECTORALES PUEDEN SER SANCIONADOS HASTA CON DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD

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Los más de 200 fiscales que se encuentran en alerta en el Distrito Fiscal de Arequipa realizan acciones para prevenir delitos electorales, actos de violencia, amenazas contra autoridades del sistema electoral u otros que perturben la tranquilidad pública o el derecho al sufragio. Sin embargo, corresponde recordar a la población respecto a los delitos electores en lo que pueden incurrir y las respectivas sanciones previstas para cada caso.
Hacer propaganda electoral política 24 horas antes del 11 de abril puede ser reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de dos años, emplear la violencia o amenaza para impedir el desarrollo del proceso electoral con una pena privativa no menor de 3 ni mayor de 10 años.
Asimismo, impedir a un elector ejercer su derecho al sufragio la pena privativa de la libertad es no menor de 1 ni mayor de 4 años, inducir a un elector a no votar o a votar por determinado sentido con una pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años.
En el caso de suplantación, la pena privativa de la libertad será no menor de 1 ni mayor de 4 años; falsificar o destruir ánforas, actas de escrutinio, registros electorales o DNI con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años.
Igualmente, aquél que porte armas de cualquier clase durante la realización de los actos electorales oficiales, aunque tenga licencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 mes ni mayor de un año; propagar enfermedades peligrosas o contagiosas con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor a 10 años.
En el caso de violar las medidas sanitarias con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de tres años, vender bebidas alcohólicas incumpliendo la ley seca con pena privativa de la libertad de la libertad no mayor de seis meses.
El personal fiscal intervendrá en caso de ocurrir distribución de propaganda en horas restringidas, enfrentamiento entre agrupaciones políticas, presunta comisión del delito contra la fe pública (uso de documento público falsificado), o en casos de disturbios debidos a problemas en la instalación de mesas de sufragio, presencia de votos golondrinos, discriminación e incitación a la discriminación, entre otros hechos que afecten el normal desarrollo de las elecciones generales.
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