La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, confirmó el auto de primera instancia que ordenaba con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023.
El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”; ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones
En la resolución, el tribunal supremo también señala que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública.
Esta decisión judicial ocurre en el marco de las diligencias preliminares seguidos contra Dina Boluarte, Alberto Otárola Peñaranda, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Jorge Luis Chávez Cresta, Pedro Miguel Angulo Arana, César Augusto Cervantes Cárdenas y Vicente Romero Fernández por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad y otros.
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