La ocupación ilegal de terrenos en la zona de amortiguamiento de Machu Picchu ha encendido las alertas de las autoridades en Cusco. En los últimos días, cerca de 200 personas se han instalado con carpas, plásticos y estructuras precarias aledañas a la carretera Hiram Bingham, principal vía de acceso al santuario histórico.
Ocupación en el espacio protegido
En la zona, el paisaje evidenció una ocupación progresiva. A un lado de la vía por donde transitan buses turísticos, se observaron cercos improvisados con arpillera, palos de madera y espacios delimitados de manera informal. En febrero se contó con la presencia de 100 personas y días despues se duplicó esta cifra, generando preocupación en las autoridades
El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Cusco, José Mayorga, advirtió que los ocupantes se encuentran dentro de un área protegida y que la intervención ya se encuentra en curso. “Han hecho una suerte de cerco con arpillera y los responsables se hallan en proceso de investigación. Están dentro de la zona protegida de Machu Picchu”, declaró. Añadió que no se trata de personas ajenas al distrito y que, por la forma en que se ha producido la ocupación, el caso podría configurarse como usurpación agravada.
Asimismo, el Ministerio Público del Perú inició diligencias preliminares contra nueve personas por el presunto delito de usurpación agravada en perjuicio del Estado. Entre los investigados figuran Renzo Segovia, Edén Chirinos, Fredy Álvarez, Eloy Huamán, Bernabé Ccori y Héctor Cóndor, mientras continúan las acciones para identificar a otros implicados.
La fiscal provincial María Huaco Cateriano precisó que los involucrados habrían instalado mallas y estructuras para ocupar el terreno, y que se vienen recabando testimonios, así como información de la municipalidad y de las entidades encargadas de la protección del área para esclarecer los hechos
El delito de usurpación agravada, al tratarse de predios del Estado y de una ocupación realizada por un grupo numeroso de personas, puede ser sancionado con penas de hasta ocho años de prisión, según la legislación vigente.
Percepción de los ocupantes
Entre los ocupantes, algunos argumentan la necesidad de vivienda como motivo de la ocupación. Sin embargo, las autoridades no descartan que detrás de la toma exista también un interés económico. Versiones recogidas en la zona señalan que algunos espacios estarían siendo acondicionados para actividades comerciales o paraderos vinculados al transporte turístico.
Riesgo ambiental y turístico
El impacto del caso trasciende lo legal y ambiental, ya que compromete la imagen internacional de Machu Picchu como destino turístico seguro, ordenado y protegido. Esta situación puede traducirse en una reducción progresiva de reservas, cancelaciones y menor flujo de turistas, afectando directamente la economía local que depende mayoritariamente de la actividad turística.
Además, la percepción de falta de control estatal sobre áreas protegidas podría generar observaciones de organismos internacionales, impactando la reputación del Perú en la gestión de su patrimonio cultural.
Por: Tatiana Cielo Ccori Cuaquira
