El gobierno de Dina Boluarte decidió rechazar la solicitud presentada por Pedro Castillo para cubrir los gastos de su defensa y asesoría legal en el proceso que enfrenta por presunta negociación incompatible.
La Presidencia de la República declaró improcedente la petición del expresidente Castillo, argumentando que los hechos investigados no están relacionados con las funciones que desempeñó como jefe de Estado.
En la resolución se lee, «Los hechos materia de investigación en contra del señor Pedro Castillo, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible, no se encuentran vinculados al ejercicio regular de sus funciones como presidente de la República».
Como se recuerda, Pedro Castillo solicitó que el gobierno costee su defensa ante las acusaciones formuladas por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público.
