Por: Maria T.
Con un decreto de emergencia, Gustavo Petro abre la puerta a gobernar por 30 días con poderes excepcionales después del fracaso de su reforma tributaria en el Congreso.
El Gobierno de Colombia declaró la emergencia económica y social en todo el país mediante el Decreto 1390, al considerar que existe una “situación grave e inminente” que pone en riesgo la estabilidad fiscal y la garantía de derechos fundamentales. La medida permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para cubrir el vacío fiscal dejado por el hundimiento de la reforma, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para el presupuesto de 2026.
Según el decreto, la crisis supera la capacidad de respuesta de los mecanismos ordinarios del Estado. Entre las principales presiones figuran el financiamiento del sistema de salud, el aumento del gasto en seguridad, los efectos de la ola invernal, subsidios a la energía, deudas judiciales y obligaciones con víctimas del conflicto armado. El Ejecutivo atribuye el escenario actual al fracaso de dos reformas tributarias consecutivas.
Durante la emergencia, el Gobierno podrá adoptar medidas tributarias y presupuestales, bajo control del Congreso y la Corte Constitucional. Aunque no se detallan nuevos impuestos, se anticipa una mayor carga para personas y empresas con más capacidad económica, posibles ajustes al IVA, tributos ambientales y “saludables”, y una revisión del impuesto al patrimonio. La decisión marca un nuevo foco de tensión política y abre un intenso debate sobre los límites del poder ejecutivo en Colombia.
