Por: Maria T.
La corrupción ha estado presente en la historia del Perú desde los primeros años de la República y ha influido de manera decisiva en la formación del Estado y en la relación entre la ciudadanía y el poder político. En esta entrevista, el historiador Cristóbal Arias analiza los orígenes históricos de la corrupción, su continuidad a lo largo de los distintos periodos republicanos y las razones por las que los grandes escándalos no han logrado generar reformas estructurales duraderas.
¿Cómo se manifestó la corrupción en las primeras etapas de la República?
Alcanzada la “independencia”, quedó pendiente el pago de la deuda que el Perú había contraído con Chile y la Gran Colombia, según se dice a cuenta del dinero invertido en nuestra independencia por estos países.
Además, había otra deuda con peruanos que afirmaban haber apoyado la guerra de independencia con dinero, especies, productos y otros.
Estas “deudas” no se “honraron” sino hasta el gobierno de Ramón Castilla, con las ganancias de la venta del guano de isla. Se promulgó la ley de “consolidación de la deuda interna” lo que originó el mayor escándalo de corrupción del siglo XIX, pasando el dinero del tesoro fiscal a manos de la aristocracia peruana especialmente de la limeña. Se reconocieron deudas “inexistentes” con documentos falsos, testigos corruptos e influencias en el gobierno de Castilla y de Rufino Echenique después.
También se pagó a los herederos de Bolívar la suma de un millón de pesos, decisión originada por una controvertida ley del Congreso Constituyente de 1825, que de esa manera había premiado al libertador en medio de la algarabía suscitada por el triunfo de Ayacucho.
¿Qué episodios históricos demuestran que la corrupción ha acompañado la construcción del Estado peruano desde sus orígenes?
La corrupción en el Perú es un fenómeno que ha acompañado al Perú a lo largo de toda su historia.
Así tenemos que durante los gobiernos de Ramón Castilla y de Rufino Echenique se dieron casos de corrupción relacionados con la administración de las rentas fiscales y el control de las élites económicas en el llamado “boom guanero”.
Durante el siglo XX, la corrupción continuó creciendo en un sistema político y económico que favorecía la concentración de poder en pocas manos. El gobierno de Manuel A. Odría (1948-1956), se caracterizó por los favoritismos políticos y el control de los medios de comunicación estuvieron acompañados por una marcada falta de transparencia en el uso de los recursos públicos
El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) es uno de los más emblemáticos en la historia de la corrupción en el Perú. Entre 1990 al 2000 Durante su mandato, se desató un escándalo conocido como el «escándalo de los Vladivideos», en el que se evidenció la existencia de un esquema de sobornos y pagos ilícitos a políticos, jueces y empresarios. Este caso reveló la magnitud de la corrupción en el gobierno de Fujimori, generando una crisis de confianza en el sistema político peruano y llevando a una creciente insatisfacción con las instituciones del país.
También asistimos al caso Lava Jato, un esquema de sobornos y corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht con el pago de sobornos a funcionarios de varios países, incluido Perú, para obtener contratos de obra pública.
Y en estos días asistimos a una “despiadada” corrupción que compromete a los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y poder judicial. La corrupción ha tomado por asalto el control de las principales instituciones estatales.
¿De qué manera la debilidad institucional heredada del periodo colonial facilitó redes de poder y corrupción en la vida republicana?
Es muy fácil determinar y hasta comprobar la continuidad de las prácticas que han servido para afectar los intereses patrimoniales del Estado peruano y el desarrollo correcto y eficiente de la administración pública, señalaremos algunos comportamientos sorprendentemente recurrentes en nuestra historia virreinal o colonial y republicana. En primer lugar, al sistema corrupto del patronazgo, es decir, aquella situación en la que una alta autoridad gubernamental traslada al ámbito de la administración pública un grupo de familiares, empleados de confianza y amigos cercanos con el propósito no sólo de mantener formas de dominio político sobre el poder que ejerce, sino también formas de aprovechamiento económico de los recursos que administra.
Estas personas aceptan vincularse al entorno de la autoridad y ofrecerle sus servicios y fidelidad a cambio, de asegurarse el logro de cierta fortuna con el ejercicio del cargo que la referida autoridad le ha asignado. Es decir, el funcionario designado mantiene, en la lógica del sistema de patronazgo, expectativas de obtención de prerrogativas, éxito económico y ascenso social. Esta forma de entender el cargo público como reducto de aprovechamiento personal permitió rápidamente que, en determinadas ocasiones, se concibiera el cargo público como objeto de venta.
Este sistema, se ha repetido de manera constante en la historia del Perú y se da escandalosa e impunemente hasta hoy.
¿Por qué, a lo largo de la historia, los grandes escándalos de corrupción no han generado reformas estructurales duraderas?
El motivo central es que la participación ciudadana que es pieza clave de la lucha contra la corrupción no es fuerte es muy débil. Se necesita urgentemente una ciudadanía participante, informada, que actúe en procesos de planeación y ejecución presupuestal, que sea informada sobre las listas electorales y que participe para bloquear aquellos candidatos indeseables por sus actuaciones no trasparentes; una ciudadanía que esté atenta a los procesos de licitación por ejemplo, a los procesos de contratación pública en general; se necesitan colegios profesionales y asociaciones empresariales que impulsen códigos de ética y de conducta para luchar contra los actos de corrupción empresarial o profesional en la ilegal búsqueda de la adjudicación de contratos estatales.
¿Cómo influyó la corrupción histórica en la desconfianza permanente de la ciudadanía hacia el poder político?
Desde el virreinato o la colonia, pasando por la república, hasta nuestros días se constatan patrones más o menos comunes respecto de los factores que favorecieron las prácticas de corrupción en los cargos públicos, de las formas de actuación corruptas en perjuicio de la sociedad peruana. Las altas cuotas de concentración de poder (especialmente en el Poder Ejecutivo) político y patrimonial, el nulo o casi escaso sistema de control entre poderes del Estado, la debilidad estructural de las instituciones relacionadas con el control de la corrupción (como el Poder Judicial o el propio Congreso de la República) y cierto contexto de flujo económico de disponibilidad gubernamental, han hecho que el ciudadano peruano no solamente desconfíe de quienes dirigen el estado sino que se incremente la oposición vez más fuerte en cuanto a rechazo se refiere. Y esto se verá reflejado en el proceso de elecciones generales del 2026, pues, hoy el porcentaje de votos nulos y viciados e incluso inasistencia al proceso aumentas día a día de manera significativa.
¿Qué lecciones no aprendidas deja la historia del Perú sobre el control del poder y la rendición de cuentas?
La polarización y la fragmentación son dos fenómenos que afectan el sistema de gobierno peruano, dificultan la representación política efectiva y el ejercicio del control político. La polarización provoca divisiones profundas en la sociedad, obstaculizando el diálogo y la convergencia de ideas en el ámbito político. Esto se refleja especialmente en los debates sobre reformas constitucionales, donde posiciones opuestas generan conflictos y dificultan la toma de decisiones consensuadas. Por otro lado, la fragmentación política en el sistema de partidos impide la formación de mayorías en el Congreso peruano, lo que afecta la eficacia de la deliberación y el control político.
El sistema político peruano, caracterizado por una creciente parlamentarización, usada de manera excesiva y desproporcionado ha generado una dinámica de poder inestable y disfuncional.
– Se ha perdido de vista que en cuanto a quien controla el poder o quienes lo hacen deben hacerlo teniendo en cuenta los límites establecidos por la carta magna, las leyes orgánicas, es decir, todo el sistema normativo del estado peruano, en otras palabras actuar bajo el mandato de la ley.
– No se ha fortalecido y menos consolidado un sistema de rendición de cuentas tal que evite el abuso del poder político.
– No hemos logrado combatir con éxito los abusos de poder y menos se ha garantizado un verdadero equilibrio de poderes de las institucionales del estado peruano.
Hoy, ¿los peruanos seguimos reproduciendo prácticas corruptas o hemos normalizado la corrupción? Y frente a ello, ¿qué estamos haciendo realmente como sociedad para romper ese ciclo histórico?
Claro que sí, cada día que pasa son más los sectores que se sumergen en actos corruptos, esta práctica se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana, ya casi, nadie se asombra al enterarse de nuevos y más graves actos de corrupción especialmente estatal. Se ha normalizado tanto que la frase “roba pero hace obra” encaja perfectamente en esta percepción.
En esta línea, como sociedad estamos nos estamos degradando más, al haber normalizado la corrupción “creemos” que las cosas son así y debemos aceptarlas tal cual. A excepción de colectivos , o grupos de ciudadanos que lamentablemente y hablando porcentualmente es muy bajo, la mayoría no hemos tomado conciencia de la importancia de luchar contra la corrupción como parte del esfuerzo participativo por la salud de la sociedad.
