Por: Maria T.
La Corte Suprema declara inconstitucional el Decreto Supremo N.º 009-2024-SA, que incluía a las identidades trans dentro de categorías de trastornos mentales. La decisión reconoce que la norma era estigmatizante y contraria al derecho a la salud en condiciones de igualdad, y establece un precedente importante para la elaboración de futuras políticas públicas en Perú.
El fallo surge tras una acción popular presentada por organizaciones y activistas, y advierte que el decreto no superaba el test de idoneidad, ya que reforzaba estigmas y dificultaba la atención sanitaria. El tribunal destacó que existían alternativas menos lesivas, como el uso del CIE-11, estándar internacional vigente que no considera la identidad trans como enfermedad.
Para especialistas y activistas, la eliminación de la norma es solo un primer paso. Alex Hernández, directora de Mas Igualdad, enfatiza la necesidad de implementación efectiva: capacitación de personal, protocolos inclusivos y un enfoque de salud afirmativa que reconozca las necesidades específicas de la comunidad trans.
Gahela Cari, activista trans, señala que el fallo también refleja la presión social y la articulación entre organizaciones y profesionales para visibilizar la discriminación.
