La expresidenta Dina Boluarte tendrá que reembolsar al Estado los gastos asumidos por su defensa legal si al culminar sus procesos judiciales se determina su responsabilidad.
La medida se basa en la normativa de la Ley de Servicio Civil y las directivas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que obligan a devolver recursos públicos en caso de sentencia condenatoria firme.
