Por: Maria T.
La creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) es oficializada mediante un Decreto Legislativo aprobado en el Consejo de Ministros, con el objetivo de «mejorar el sistema penitenciario y abordar los múltiples problemas de corrupción, ineficiencia y violencia» que han afectado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).
La medida fue anunciada por el ministro de Justicia, Walter Martínez, quien destacó que la fusión de ambas entidades permitirá una reestructuración profunda. Aseguró que la SUNIR no solo brindará un cambio en la gestión administrativa, sino que también descentralizará servicios y se reformará la estructura organizacional del sistema penitenciario, eliminando el Consejo Penitenciario, órgano colegiado que hasta ahora dirigía el INPE. En su lugar, habrá una jefatura única con un perfil técnico especializado.
Martínez subrayó que este cambio responde a la necesidad de combatir la corrupción, las malas prácticas y la infiltración de organizaciones criminales en las cárceles. El gobierno adoptará una política de tolerancia cero frente a estos actos y buscará una gestión más ágil y eficiente.
Uno de los puntos más importantes de la reforma es la clasificación de los internos, con el objetivo de evitar que los reclusos primarios se mezclen con los delincuentes de alta peligrosidad, quienes convierten las cárceles en “escuelas del crimen”. El ministro anunció el traslado de cabecillas de organizaciones criminales a penales de régimen severo, como Challapalca, Yanamayo, Cochamarca y Ancón.
