Por: Maria T.
La empresa encargada de auditar los sistemas electorales de la ONPE quedó en el centro de la polémica tras revelarse que tuvo sanciones anteriores y opera desde una oficina virtual en Lima. Aunque el organismo electoral asegura que la contratación fue legal, el caso ha despertado dudas en plena etapa decisiva de las elecciones generales.
Según explicó la ONPE, la contratación de M&T Internacional pasó por tres convocatorias debido a la falta de postores. Recién en el tercer intento se presentaron dos empresas y la auditora fue seleccionada porque, de acuerdo con la entidad, no registraba impedimentos vigentes para contratar con el Estado al momento de firmar el acuerdo.
Sin embargo, un reportaje de Cuarto Poder reveló que la compañía fue sancionada en 2016 con una inhabilitación de 11 meses por presentar información inexacta. Además, al visitar la dirección fiscal declarada por la empresa en Surco, se encontró solo un coworking dedicado a recibir documentos. El propio gerente de la firma reconoció que utilizan una “oficina virtual” desde la pandemia.
La controversia aparece mientras avanza el conteo de votos para definir quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta.
