Por: Maria T.
El Poder Judicial ordenó el archivo definitivo del caso «Cócteles», que mantenía bajo investigación a Keiko Fujimori y a otros 32 integrantes de Fuerza Popular por presuntos aportes ilegales a las campañas de 2011 y 2016.
La decisión se da en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional, que concluyó que la acusación por lavado de activos y organización criminal no tenía sustento legal ni constitucional. Con ello, el juzgado dispuso levantar todas las medidas restrictivas contra Fujimori y extender el mismo criterio a los demás procesados.
La defensa de la lideresa de Fuerza Popular celebró el cierre del proceso y sostuvo que nunca existieron los delitos imputados, calificando la investigación como una persecución fiscal. El TC, sin embargo, precisó que su fallo no evalúa inocencia o culpabilidad, sino que se limita a corregir vulneraciones al debido proceso.
El archivo del caso llega en un contexto político clave, cuando Keiko Fujimori vuelve a figurar entre las principales opciones presidenciales rumbo a las elecciones, ubicándose en el segundo lugar de intención de voto según la última encuesta nacional. El desenlace judicial reabre el debate público sobre justicia, política y reglas de juego electoral.
