Por: Andrés Huayta
Arequipa, julio de 2025. – Aunque las leyes peruanas promueven la pluralidad informativa, la realidad de los medios alternativos y comunitarios revela otra historia. Durante el II Congreso Internacional de Comunicación y Desarrollo Social, la investigadora Carmen Tatiana Aragón Enríquez expuso una dura radiografía del ecosistema mediático nacional, en el que persiste la concentración informativa y el abandono a las iniciativas ciudadanas.
Desde la promulgación del marco normativo en el gobierno de Alejandro Toledo, las políticas de comunicación se han orientado —al menos en el papel— hacia la integración nacional, el fortalecimiento de la identidad y la defensa de los derechos fundamentales. No obstante, su aplicación ha favorecido casi exclusivamente a la radiodifusión comercial, dejando rezagados a los medios comunitarios, educativos y digitales sin fines de lucro.
En regiones como Arequipa, solo se reconocen legalmente dos radios comunitarias —ambas de orientación religiosa—, cinco radios educativas y tres medios digitales alternativos. Otros operan de facto, sin autorización oficial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La legislación vigente, como la Ley N.º 26937, permite que cualquier ciudadano ejerza el periodismo sin formación profesional, lo que genera debate sobre la calidad y legitimidad de estos espacios.
A pesar de leyes como la N.º 28565 —que promueve la inclusión de personas con discapacidad— y resoluciones ministeriales orientadas a fortalecer a los medios comunitarios en zonas rurales, el acceso real al espectro radioeléctrico es mínimo: apenas se reserva una frecuencia por banda para fines comunitarios. Además, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), encargado de vigilar el cumplimiento ético, carece de mecanismos eficaces de supervisión.
Según Aragón, más del 80% de los medios en el país están concentrados en conglomerados empresariales. Esta situación restringe el acceso a la información desde diversas perspectivas y excluye a comunidades rurales, pueblos originarios y sectores marginados. Los medios alternativos operan, en muchos casos, gracias al trabajo voluntario, sin financiamiento ni apoyo estatal.
El sistema comunicativo peruano enfrenta un serio desafío: su legislación dice una cosa, pero su práctica revela otra. Si el Estado no toma medidas concretas para garantizar el acceso equitativo a los medios y promover verdaderamente la pluralidad, continuará profundizándose una brecha que margina a quienes buscan informar desde y para sus propias comunidades.«Los medios alternativos no pueden seguir siendo invisibles para las políticas públicas. Son clave para una democracia real», concluyó Aragón al cierre de su ponencia.
